El dilema del congelamiento y la SúperCard

El Gobierno tiene un objetivo claro de mantener a los precios (al menos una canasta de bienes específicos como los alimentos y bebidas) como una especie de ancla nominal de precios. El objetivo, el establecimiento de pautas de ajustes salariales por paritarias en torno al 20%, intentando paulatinamente disminuir los niveles actuales de inflación.

En ese sentido, Guillermo Moreno ha tomado un rol muy importante para lograr dicho objetivo. A principios de febrero lanzó un acuerdo de congelamiento de precios con las principales cadenas de supermercados hasta fines de marzo, que recientemente extendió hasta fines de mayo de 2013.

El compromiso de congelar los precios lo hicieron en principio con los supermercados, el último eslabón de la cadena de producción y distribución. La primera medida a tomar fue dejar de pautar en diarios, y según dicen los propios supermercadistas les mejoró el nivel de rentabilidad del negocio, permitiendo absorber algunos aumentos de precios.

El siguiente objetivo del Gobierno para lograr la extensión temporal del acuerdo de precios, fue trabajar para seguir mejorando la rentabilidad de los supermercados, de forma de hacer frente a mayores costos (ya sean propios o de los productores). Así fue como se establecieron las bases para la generación de la SúperCard. Esta tarjeta, originalmente exclusiva y excluyente para supermercados, tenía el objetivo puro de bajar el 3% que pagan actualmente a las diferentes tarjetas de crédito hacia el 1%, lo cual les permitiría soportar algunos mayores aumentos de costos, sin trasladarlo a precios. Esto implicaría una mejora de casi el 20% de la rentabilidad para dichas ventas.

El monto de comisiones que se podrían ahorrar los supermercados sería de entre $1.000 y $1.200 millones al año, si todos los que usan hoy la tarjeta de crédito pasaran a usar la SúperCard. La tarjeta parece que va a consolidar todas las diferentes tarjetas de los distintos supermercados (tarjeta WalMat, tarjeta Cencosud, TCI de Coto, y Tarjeta Carrefour), no será excluyente con el resto de los medios de pago, y será gratuita para el usuario final.

La pregunta de fondo para evaluar los beneficios de la medida es la siguiente: ¿qué beneficio tendría el cliente por tener la SúperCard? Al cliente no debería interesarle cuánto le paga el supermercado a las tarjetas. Si el supermercado paga el 0% por pagar en efectivo, el 1% con la SúperCard, el 1,5% con la tarjeta de débito o el 3% con crédito debería ser indiferente para el consumidor. Lo que busca el consumidor es quién le da el mayor beneficio al momento de hacer su compra.

En estos últimos dos meses, no parecen haber desaparecido las promociones de descuento puntual de los bancos en las principales cadenas (algunas se dieron de baja, algunas otras de alta). De no existir algún incentivo para el consumidor, no se explica razón por la que la gente tenga una nueva tarjeta de crédito en su billetera.

Pareciera ser que la nueva SúperCard con un límite de compra de $3.000 y de financiación de hasta $1.000 a tasas bajas (del 22%) darían respuesta a las necesidades de sectores más bajos, que hoy por hoy no tienen tarjeta de crédito. En ese caso, el beneficio para el supermercado podría licuarse, ya que transformaría ventas con comisiones que van del 0% (para el caso de efectivo) al 1,5% (en caso de débito), en ventas con comisiones del 1%.

Además, se cruza el mercado objetivo con quienes ya tienen tarjetas de supermercados. Para los mismos es una medida claramente beneficiosa, ya que bajará drásticamente las comisiones pagadas por mantenimiento de cuento de dichas tarjetas, y se podrán financiar a tasas sustancialmente más bajas.

Por otro lado, suponiendo que la SúperCard tenga amplia repercusión entre los clientes y logre bajar las comisiones efectivamente pagadas por los supermercados, no es una política sustentable que permita el congelamiento de precios más allá de unos meses. Siempre que el acuerdo se haga únicamente con el último eslabón de la cadena, y no con los productores, requerirá nuevas medidas en el mediano plazo para poder mantenerse el congelamiento sin tocar las ganancias de los supermercados (de entre $8.000 a $10.000 millones durante el 2012). Se necesita, para mantener esta política, el acuerdo de un espectro más amplio de sectores.

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